carpeta nº5: tema de debate

¿Votación voluntaria?

Por cierto, aunque lo fundamental en este artículo es abogar por la eliminación de barreras de entrada a las personas en edad de votar que no están inscritas en el padrón, la discusión sobre la obligatoriedad del voto no debiera ser abandonada tan rápidamente. Los argumentos para defender una reforma que haga de la votación una decisión voluntaria tienen peso (Huneeus, 2004; Valenzuela, 2004). Pero esa discusión no debiera ser confundida con la necesidad de modernizar el sistema de inscripción electoral. La Constitución actualmente establece la obligatoriedad del voto. Ajustar la ley respectiva para automatizar el proceso simplemente representa una modificación técnica que solo facilitaría cumplir con la normativa constitucional vigente. Ahora bien, hay argumentos que hacen atractiva la idea de darle el carácter de voluntaria a la votación. Pero como discuto más abajo, también hay contraargumentos que hacen sentido a la idea de mantener la obligatoriedad de la votación. Los principales argumentos son los siguientes:

1) Si la votación es voluntaria, además de buscar ganar, los candidatos y los partidos deben buscar darle legitimidad a todo el proceso a través de una participación más alta. Así, mientras los candidatos compiten entre sí por obtener más votos, tienen incentivos para coordinadamente intentar aumentar la participación electoral. Mientras más gente vote, más legitimidad tiene todo el sistema. Pero el contra-argumento es que los candidatos pueden usar campañas negativas para desprestigiar a sus oponentes, desincentivando a los votantes moderados e intentando ganar sólo con el apoyo de sus votación dura, buscando una combinación de alta participación electoral entre sus simpatizantes pero baja participación del resto de la población (Ansolabehere y Iyengar 1997).

2) Al convertir el ejercicio del derecho a votar en una decisión voluntaria, se profundizan las libertades y privilegia la independencia de las personas. Aunque el costo de ir a votar es mínimo, los argumentos a favor de aumentar las libertades y reducir las obligaciones de los ciudadanos a menudo gozan de aceptación teórica y práctica. No obstante, para que una sociedad funcione bien, los gobiernos regularmente restringen las libertades de las personas en beneficio del bien público. Desde esa perspectiva se entienden desde la existencia de impuestos hasta las reglas de tránsito. Las regulaciones que establece el gobierno son variopintas y muchas de esas pudieran entenderse como restricciones inaceptables a la libertad (prohibición de bañarse desnudo en las playas o beber en la calle, los planos reguladores de urbanización, etc.), pero ya que el bien público que se persigue se considera superior a las libertades individuales coartadas, esas restricciones se aceptan como reglas razonables, establecidas para satisfacer el bien común. La obligatoriedad de la votación, como la obligatoriedad de pagar impuestos, sacar carné de identidad o inscribirse en el servicio militar, sería una pequeña restricción a la libertad individual que redunda en el bien común (la consolidación de la democracia).

3) Se evita obligar a los electores a ser vocales de mesa. Si la votación es obligatoria, los electores inscritos en el padrón pueden ser escogidos como vocales de mesa, en cuyo caso la cantidad de tiempo que tendrán que invertir en el proceso electoral es sustancialmente mayor a la que le dedican el resto de los electores. Si la inscripción es automática, todos los chilenos PEV estarán sujetos a ser sorteados como vocales de mesa. Esta situación podría corregirse ya sea estableciendo una compensación monetaria por ser vocal de mesa o establecer mecanismos que permitan a los vocales de mesa tomarse uno o más días libres de sus respectivos empleos (subsidiados por el Estado), de una forma similar a como ocurre con los jurados en los Estados Unidos.

Tal vez por la fuerza de los argumentos a favor como aquellos en contra, la discusión de reforma constitucional reciente en el Senado no ha derivado en una posición inequívoca respecto a la obligatoriedad del voto. En el Informe Reforma a la Constitución Política de la República de 1980 (2001), de la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado no se llegó a acuerdo sobre el tema de la obligatoriedad del voto. Aunque el comité acordó tomar las medidas para automatizar el proceso de inscripción electoral, no hubo acuerdo respecto a la obligatoriedad del derecho al voto. Aunque la posición oficial del gobierno está a favor del voto voluntario, senadores de diferentes partidos defendieron la voluntariedad del voto.

Así, la situación actual hasta hace poco parecía estancada. Ya que no había un acuerdo respecto a la obligatoriedad del voto, toda la reforma sobre el derecho al sufragio estaba en punto muerto. Ahora que el Presidente Lagos ha anunciado una propuesta que eliminaría las barreras de entrada que mantienen a cientos de miles de chilenos fuera del padrón electoral y a la vez eliminaría la obligatoriedad del voto, existe una buena opción de destrabar el debate y producir resultados concretos que, eliminando o manteniendo la obligatoriedad del voto, logren eliminar las barreras que dificultan el ejercicio del derecho al sufragio. No obstante, hasta ahora, en vez de avanzar en la automatización de la inscripción y solucionar así uno de los problemas existentes en el ejercicio del derecho al sufragio en Chile, las autoridades aparentemente habían preferido mantener un status quo que ha contribuido en gran medida a que Chile presente una tasa de participación electoral del PEV decreciente desde el retorno de la democracia en 1988.

conclucion:
cada es persona es libre y tiene la facultad de decidir si vita o no, el punto de vista de los que no votan tambien esn un punto de vista respetable y tambien es una opcion politica